La historia contemporánea de México difícilmente podría entenderse sin comprender previamente la posición de uno de los actores principales mundo occidental y sobre todo de los países de tradición latina, la Iglesia católica. Al igual que en todos los demás Estados nacionales, el Estado mexicano debía concentrar en sí todos los poderes de la sociedad, dejando atrás la antigua colaboración con la Iglesia; sin embargo, secularizar el poder e imponer la autoridad gubernamental era una tarea complicada en una sociedad que conservaba muchas de sus características tradicionales, entre ellas, los vínculos que se desprenden de la religiosidad.

Para la Iglesia la separación tampoco fue fácil. Había dependido del "brazo secular" para hacer efectiva la coacción correspondiente a las leyes canónicas; desde finales del siglo XVIII enfrentaba problemas derivados del pensamiento de la Ilustración, como la reducción de la vida religiosa y la rebeldía de algunos sectores del clero parroquial; y en el caso mexicano había ido sacrificando buena parte de su riqueza para los intereses nacionales. Aun así, el naciente Estado liberal veía como un peligro la legitimidad, riqueza y ascendiente que todavía conservaba.

El período que trataremos fue decisivo para resolver estas ambigüedades. Fue entonces cuando ambas instituciones se disputaron directamente el apoyo social del que dependía, o bien para consolidarse, o para sostenerse como centros principales de la vida nacional.

La disputa por los pueblos, siendo parte de un proceso para definir las relaciones Iglesia - Estado, estaba condicionada por determinadas circunstancias históricas. En ambas partes había sectores radicales, dispuestos a llevar sus actos hasta el enfrentamiento, sin considerar las repercusiones de los actos violentos. Pero antes de entrar en esa historia debe considerarse que la Iglesia pasaba por una etapa de reorganización influenciada por

La Reforma juarista había terminado de forma definitiva con el antiguo sistema en el que la Iglesia había mantenido su situación de primera corporación del país; perdió además el patrimonio económico de los cuerpos que la integraban, en particular las órdenes religiosas, las cofradías, órdenes terceras y demás asociaciones de laicos. Era indispensable reestructurar la vida de la Iglesia. Reunidos en Roma con el papa Pío IX, los obispos mexicanos comenzaron por trazar una nueva división territorial, erigiendo nuevas provincias eclesiásticas y diócesis sufragáneas. Sin embargo, la búsqueda de un acuerdo con el Estado para evitar la aplicación estricta de las Leyes de Reforma y la preparación de una nueva jerarquía, fueron dos de los objetivosmás destacables.

El acuerdo con el Estado tardó prácticamente una década. No fue sino hasta el ascenso del general Porfirio Díaz que la Iglesia obtuvo las garantías necesarias para su desarrollo a través de la "política de conciliación". Durante sus sucesivos gobiernos, el general Díaz dejó sin vigencia efectiva las leyes de Reforma, mientras el clero abandonaba prudentemente toda participación política. Son hechos muy conocidos los vínculos del Presidente con algunos prelados, como Eulogio Gillow, Pelagio A. Labastida y Próspero María Alarcón; asimismo son conocidos los límitesde la conciliación, con los casos de los gobernadores Próspero Cahuantzi, de Tlaxcala, e Ignacio Romero Vargas, de Puebla, amonestados por su acercamiento con los obispos respectivos.

La preparación de nuevos prelados se efectuó a través del Colegio Pío Latino Americano, fundado en Roma a por Pío IX, y en donde estudiaron los jerarcas más célebres de las tres primeras décadas del siglo XX: José Mora y del Río, Francisco Orozco y Jiménez, Leopoldo Ruiz y Flores, Manuel Fulcheri, Martín Trischler, entre otros. Apoyaados por Eulogio Gillow, este grupo de eclesiásticos (los "romanos") fueron ganando progresivamente las principales sedes diocesanas del país en los primeros años del siglo XX.

La preparación de los nuevos obispos estaba más cercana a la teología neotomista que se promovió durante el pontificado de León XIII, cuya encíclica Rerum Novarum de 1891 abrió definitivamente las puertas al catolicismo social, corriente que buscaba frenar la creciente secularización a través de una mayor atención a los laicos y los problemas agrícolas y obreros.

Aunque la Rerum Novarumfue recibida fríamente en México, al despuntar el siglo XX comenzó a verse la febril actividad de los católicos sociales: a partir de 1903 dio inicio el ciclo de los congresos católicos; Mora y del Río, como obispo de Tulancingo, convocó además a congresos agrícolas; las mutualistas y asociaciones obreras se multiplicaron con el apoyo episcopal; asimismo la buena prensacobraba nuevo vigor en las ciudades, sobre todo en México y en Guadalajara, con el licenciado Miguel Palomar y Vizcarra. La Sociedad de Jesús tuvo un papel muy importante en este resurgimiento, bajo su direcciónespiritual surgió el Circulo de Estudios Católicos - Sociales Santa María de Guadalupe, mejor conocido como los Operarios Guadalupanos, base a su vez del Círculo Católico Nacional, primera agrupación política confesional del siglo XX mexicano en cabezada por Gabriel Fernández de Somellera en 1909.

El Círculo Católico Nacional se convirtió en el Partido Católico Nacional en 1911, con el visto bueno tanto del gobierno de transición, como de Francisco I. Madero. El partido apoyó al propio Madero como candidato presidencial y a Francisco León de la Barra como Vicepresidente. La jerarquía católica, en particular el ya Arzobispo Primado, Mora y del Río, apoyó las actividades de este organismo, que buscaba hacer realidad los proyectos que se habían ido discutiendo en los congresos, semanas sociales y en la prensa.

Los resultados en las elecciones no pudieron ser mejores. Se obtuvieron 100 curules en el Congreso de la Unión, mientras que en Jalisco y Zacatecas el triunfo fue completo: la gubernatura y las legislaturas locales quedaron dominadas por el PCN. Desde luego, se realizó una amplia obra de reforma social siguiendo los lineamientos de la Rerum Novarum. Sin embargo, la debilidad del gobierno de Madero movió a algunos miembros del partido a conspirar contra el régimen. A solicitud de la presidencia, el arzobispo de Morelia, Leopoldo Ruiz y Flores recriminó dicha conducta durante la Gran Dieta del Círculo de Obreros Católicos (Zamora, 1912). Ruiz y Flores mismo fue el único prelado que alzó la voz en contra del golpe de Estado al año siguiente.

En efecto, el gobierno de Victoriano Huerta dividió a la jerarquía católica y al PCN. Son hechos bien conocidos la participación de algunos miembros del partido (v.gr. Eduardo Tamariz y Francisco Elguero) dentro del gobierno huertista, y la presencia oficial de altos mandos del ejército en la ceremonia de consagración de México al Sagrado Corazón de Jesús en 1914. Por otro lado, La Nación, órgano del Partido, no dejó de criticar al gobierno, y el partido mismo nominó a Federico Gamboa como candidato presidencial. Huerta acabó por disolver el PCN y enviar al destierro a sus líderes, incluido Gabriel Fernández de Somellera.

El clero católico tampoco apoyó a Huerta, pero tampoco hizo nada en su contra más allá de la citada protesta de monseñor Ruiz y Flores. En cambio, comenzó a hacerse presente un ambiente cada vez más hostil a la Iglesia por parte de los líderes de algunas facciones revolucionarias, en particular los sonorenses.

Ciertamente, cuando los estados del norte empezaron a movilizarse en contra de Huerta, líderes como Antonio I. Villarreal, Pancho Villa en sus inicios, y el ejército al mando de Álvaro Obregón, cometieron constantes ataques contra el clero, sus escuelas y obras de caridad, contra templos y propiedades eclesiásticas. Por ejemplo, cuando Villa entró a Zacatecas fueron arrestados todos los clérigos de la ciudad; Antonio I. Villarreal dictó algunos de los primeros decretos reduciendo el número de sacerdotes en el Estado de Nuevo León; mientras el general Obregón instalaba sus cuarteles en Guadalajara en todas las iglesias, incluida la catedral.

En cambio, en Morelos, Emiliano Zapataprotegió al clero y a la tradicional religiosidad católica del sur del país. Mientras que el avance de las fuerzas constitucionalistas obligaba a los clérigos a buscar refugio en el sur, e incluso en Veracruz durante la ocupación norteamericana, y finalmente a exiliarse, como hicieron los obispos en 1917, Zapata dio refugio a monseñor Manuel Fulcheri, sus entradas a la ciudad de México fueron celebradas con las campanas de las iglesias al vuelo, y algunos curas participaron en sus filas.

Con todo, la ruptura entre Villa y Carranza modificó la conducta del primero hacia la Iglesia, por lo que el gobierno de la Convención parecía el más adecuado para sus intereses. A pesar de ello, la Iglesia se mantuvo a la expectativa. Carranza mismo tampoco parecía estar interesado en un conflicto religioso, aunque al mismo tiempo debía retribuir el apoyo de los radicales. La Constitución de 1917 habría de reflejar las ideas de estos últimos, sobre todo en sus artículos 3o., 5o. 27 y 130. Aunque es una legislación ya modificada, se recuerdan todavía hoy sus principales lineamientos: educación laica, supresión de los votos monásticos, limitación estricta de la propiedad de las instituciones religiosas, desconocimiento de toda personalidad jurídica de las iglesias, prohibición a los extranjeros de ejercer como ministros de culto, declaratoria de los templos como propiedad de la Nación, prohibición de actos de culto fuera de los templos, etcétera.

El Episcopado, desde luego, protestó a través de una Carta Pastoral Colectiva. El presidente Carranza, aunque no pudo modificar la legislación, pudo al menos moderar su aplicación. Fue en los Estados donde empezaron a manifestarles los conflictos, el más notable fue el caso de Jalisco, donde los gobernadores Manuel Diéguez y Manuel Bouquet y la legislatura se enfrentaron con la resistencia del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez ante la reducción de los sacerdotes y el cierre de templos y colegios. Aunque tuvo que salir del Estado, Orozco y Jiménez obtuvo la victoria gracias, por un parte a los católicos organizados de la arquidiócesis, quienes iniciaron una política de manifestaciones, boicot, luto general, y por otra a la buena voluntad de Carranza, que buscaba reducir los conflictos internos en aras de la consolidación de su gobierno.

Carranza, sin embargo, tuvo que enfrentarse finalmente con los sonorenses del Plan de Agua prieta, y tras su muerte y el interinato del general Adolfo de la Huerta, fue electo presidente el general Álvaro Obregón, con la sola oposición del Partido Nacional Republicano, formada por algunos ex integrantes del PCN, que apoyó la candidatura del licenciado Alfredo Robles Domínguez.

Aunque el general Obregón representaba a los grupos radicales de la revolución sonorense, su política buscó un equilibrio similar al que Carranza había llevado en su relación con la Iglesia, permitiendo a la vez a los grupos radicales como la CROM, manifestar sus tendencias anticleriales, y a los gobiernos estatales emprender políticas desfanatizadoras.

El presidente restituyó los templos confiscados durante la lucha armada; asimismo, como con Carranza, el Partido Nacional Republicano pudo continuar sus actividades; en Guadalajara, en enero de 1921, se realizó la coronación de la Virgen de Zapopan, ese mismo años el arzobispo Orozco y Jiménez reanudó las grandes reuniones de principiosde siglo con el Congreso Social Agrícola; al año siguiente se reunió también en Guadalajara el Congreso Nacional Católico Obrero, del que surgió la Confederación Nacional Católica del Trabajo, mientras la Asociación Católica de la Juventud Mexicana realizó su reunión nacional en la ciudad de México. Como parte de esta reorganización de los católicos, la Unión de Damas Católicas realizó también su primer congreso nacional en 1922.

Entre todos estos actos, destacó en particular el Congreso Eucarístico Nacional de octubre de 1924, que culminó con grandes fastos y celebraciones en la capital de la República. Los anticlericales reaccionaron, y los empleados públicos que asistieron fueron despedidos.

Por su parte, la CROM se enfrentó de manera directa al clero, amenazando incluso su seguridad. El 4 de junio de 1921 estalló una bomba enfrente del palacio arzobispal de Guadalajara. Aunque la ACJM y los obreros católicos reaccionaron colocando guardias en los templos, diez días después estalló una bomba en la Basílica de Guadalupe.

En los estados proliferaron los enfrentamientos, destacándose por su violencia los de Michoacán, donde el gobierno lo encabezaba el socialista Francisco J. Múgica; Guadalajara donde fueron agredidos los fieles que salían de la misa dominical; y Yucatán, por entonces bajo la gubernatura de Felipe Carrillo Puerto.

Los incidentes rozaron un problema diplomático cuando, en enero de 1923, el Delgado Apostólico, Filipi, fue expulsado del país tras participar en la ceremonia de colocación de la primera piedra del Monumento a Cristo Rey en el cerro del Cubilete. Por entonces se alegó que un extranjero no podía ser ministro de cultos según el artículo 130, y que la ceremonia había sido pública, a pesar de haberse realizado en propiedad privada.

La lista de incidentes menores en otros estados es bastante larga. Baste decir que se trató de problemas entre curas y autoridades municipales, generalmente derivados de actos religiosos públicos que los pueblos defendían aun con la violencia.

A pesar de todo, la moderación que pudo existir con Obregón fue ya imposible con su sucesor, el general Plutarco Elías Calles, quien ganó las elecciones de 1924 con la sola oposición del PNR que nominó al general Ángel Flores.

De entrada se recrudecieron los conflictos en los estados. En Tabasco, Tomás Garrido Canabal y su legislatura habían limitado el número de sacerdotes, y finalmente prohibieron ele ejercicio como ministros de culto a quines no estuvieran casados (18 de noviembre de 1925). En Jalisco, el gobernador Zuno expulsó al arzobispo Orozco y Jiménez y limitó a seis el número de iglesias. Mientras su feligresía se organizó en la dinámica Unión Popular, Orozco terminaba siendo arrestado en San Andrés Tuxtla, Veracruz, tras una entrada triunfal.

El asunto que mayor alarma causó fue el "cisma" de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, patrocinada por la CROM y Tomás Garrido Canabal. El problema comenzó el 21 de febrero de 1925 cuando el secretario general de la citada centrarl obrera, Ricardo Treviño, y el sacerdote español Manuel L. Monge, expulsaron de su sede al párroco de la iglesia de La Soledad, en la ciudad de México, entregándola al autodenominado Patriarca Joaquín Pérez. A esta nueva iglesia se sumaron apenas seis parroquias y trece sacerdotes. Tuvo una vida exigua, casi sin fieles, y siete de sus sacerdotes terminaron reintegrándose al catolicismo. El templo de la Soledad terminó siendo sacado del culto por Calles tras un motín popular el 23 de febrero.

Antes estos incidentes, las organizaciones de católicos laicos terminaron formando la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa el 9 de marzo de 1925, encabezada por Rafael Ceniceros y Villarreal, René Capistrán Garza y Luis B. Bustos. Aunque desde el inicio la secretaría de Gobernación criticó fuertemente el carácter político de esta asociación, ésta logró expandirse en casi todo el país, salvo en algunos territorios marginales del norte y el sureste. La Liga habría de ser el principal conducto de los católicos para enfrentarse al Estado, pero sobre todo para mantener cierta independencia del Episcopado.

Aunque durante el año de 1925 continuaron los problemas en Tabasco y Jalisco, a nivel nacional el panorama se mantuvo relativamente tranquilo hasta diciembre, cuando el Presidente envió la iniciativa de ley reglamentaria del artículo 130; al mes siguiente, solicitó además poderes extraordinarios para reformar el Código Penal de acuerdo con la nueva legislación.

El conflictode 1926 acabó por desatarse el 4 de febrero, fecha en que apareció en El Universal una entrevista a Mora y del Río, en términos radicales para el momento, pues retomaba la protesta del Episcopado de 1917 y afirmaba que combatiría la Constitución. Aunque negó haber hecho semejantes declaraciones, el arzobispo fue procesado. El gobierno reaccionó girando instrucciones a los Estados ordenando el cumplimiento literal de la Carta Magna, lo que desató una nueva oleada de enfrentamientos entre obispos y gobernadores durante los siguientes tres meses. Destacaron los casos de Michoacán, Colima y San Luis Potosí, donde se llegó incluso a la suspensión temporal de los cultos, y se hicieron los primeros ensayos de boicot contra el gobierno.

La Santa Sede trató de mediar en el conflicto enviando como nuevo Delegado Apostólico a Monseñor Caruana, quien luego sería también expulsado del país tras una gestión escasamente provechosa, dejando instalado un Comité Episcopal formado por el Arzobispo de México, Mora y del Río, el arzobispo de Morelia, Ruiz y Flores, y el obispo de Tabasco Pascual Díaz. Entre tanto, los obispos de Huejutla y Tacámbaro, los más radicales del Episcopado (José Othón Manríquez y Zárate y Leopoldo Lara y Torres respectivamente) fueron arrestados y procesados tras declaraciones en protesta por la persecución.

En junio llegó finalmente la Ley Calles, que entraría en vigor para el 1o. de agosto. El Episcopado entró en crisis, y ante la diversidad de opiniones, intentó consultar con la Santa Sede, que no contestó sino hasta el 23 de julio, con términos ambiguos. Se impuso al final la postura de los radicales, y el 25 de julio el Episcopado anunció en una Pastoral colectiva la suspensión de los cultos para el 1o. de agosto.

Más decidida fue la actitud de la Liga. Irónicamente, aunque la mayor parte de las organizaciones del catolicismo social estaban bajo fuerte tutela clerical, entre las divergencias de los prelados se había dado espacio a la participación directiva de clases medias, obreros y campesinos. El conflicto que se iniciaba, la Cristiada, acabó siendo una movilización de grupos de la sociedad civil de manera separada de la Iglesia y el Estado, evidenciando las debilidades de ambos, pues ni se seguían los lineamientos de la primera, ni era posible al segundo la erradicación total del movimiento.

Los cultos se suspendieron efectivamente el 1o. de agosto de 1926, y de inmediato ocurrieron levantamientos espontáneos en los estados del Occidente. La Liga organizó un referéndum pidiendo al Congreso la modificación de la legislación, e inició el boicot contra el gobierno, no pudo, en cambio obtener el apoyo de los ricos católicos que hubiera sido indispensable para darle fuerza a la resistencia organizada.

Todavía el 21 de agosto, Álvaro Obregón concertó una entrevista entre el Presidente y dos miembros del Comité Episcopal, Pascual Díaz y Leopoldo Ruiz y Flores. El encuentro simplemente confirmó la distancia ideológica que separaba al Episcopado del Gobierno.

Los levantamiento espontáneos continuaron a lo largo del año, el boicot no daba muestras de ser una presión efectiva, y las negociaciones entre los obispos y Calles habían quedado rotas. Así, la Liga consideró factible optar por la lucha armada, a la que convocó para el 1o. de enero de 1927, con resultados variables - siempre se trató de levantamientos marginales - concentrados en Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas.

La fuerza de estos levantamientos, muchas veces organizados por grupos inexpertos de la ACJM y la CNCT, duró poco, el movimiento entró en decadencia a mediados del año.

Entre tanto, a iniciativa del general Obregón, se reiniciaron las negociaciones entre el Episcopado y el gobierno. Sirvieron como intermediarios algunos miembros católicos de la élite política como Alberto J. Pani, secretario de Hacienda, los licenciados Simón Ortega y Eduardo Mestre, el ingeniero Nemesio Olvera y el presbítero Macario Román. El primer resultado fue la reunión del obispo Manuel Fulcheri con Obregón en el castillo de Chapultepec el 23 de marzo de 1927, reunión que tampoco tuvo consecuencia alguna.

Entre mayo y julio la Liga reorganizó las actividades militares nombrando nuevos jefes de operaciones, con el general Jesús Degollado Guízar primero, y el general Enrique Gorostieta después. Obregón, mientras tanto, emprendía su campaña para la Presidencia e insistía en buscar una solución negociada; así, se obtuvo una nueva entrevista ahora del Comité Episcopal con Mestre y Alberto Beroni en San Antonio, Texas, en julio de 1927. Tampoco hubo resultados pues las filtraciones a la prensa malograron el encuentro.

En el segundo semestre del año y a lo largo de 1928 la reorganización de los cristeros les permitió realizar una Junta Regional de Autoridades el 22 de mayo, con ello uniformaron su estructura político - militar, e incluso obtuvieron algunos éxitos militares.

Sin embargo, la proximidad de las elecciones y las presiones que hacía el Episcopado norteamericano, obligaron al gobierno a continuar las negociaciones, ahora a través del diplomático de Estados Unidos, Dwight Morrow y del padre Burke, quien se entrevistó con Calles en San Juan de Ulúa en marzo. Tras diversos procedimientos, Calles finalmente se entrevistó con Leopoldo Ruiz y Flores el 17 de mayo, mas las conversaciones se interrumpieron con la muerte de Obregón, asesinado en el tercer atentado en su contra por José de León Toral, católico tiranicida. Fue hasta el gobierno de Emilio Portes Gil que los sucesivos encuentros culminaron en un acuerdo, a pesar de las protestas de la Liga y de la CROM. El proceso se vio facilitado por la muerte de Mora y del Río, la del general Gorostieta, y la proximidad de las elecciones presidenciales. Finalmente, el 21 de junio de 1929 quedaron establecidos los acuerdos que permitieron la reanudación de los cultos, acuerdos que prácticamente se limitaban a promesas y garantías del Presidente, bajo los auspicios de Morrow, pero que fueron suficientes para iniciar el desarme de los cristeros y la Liga.

Los acuerdos de 1929 no pusieron fin a los problemas entre al Iglesia y el Estado, pero constituyeron un intento de ambas instancias de recuperar el control sobre los pueblos que participaban en la cristiada, y las clases medias que apoyaban a la Liga. Era pues una vuelta a la disputa sólo entre el Episcopado y el gobierno como únicos representantes de las dos instituciones

De entrada, el sucesor del arzobispo Mora y del Río, el ex obispo de Tabasco Pascual Díaz y Barreto, promovió la formación de la Acción Católica Mexicana en diciembre de 1929, en ella quedarían integradas todas las organizaciones de laicos. La iglesia celebró su recuperación con gran pompa durante el cuarto centenario de las apariciones guadalupanas. Mientras tanto, el desarme de los combatientes generó nuevas masacres, según los datos de Jean Meyer, el número de víctimas pudo haber superado a las muertes durante los combates.

Pero las circunstancias que habían permitido los acuerdos se modificaron con rapidez. Las elecciones de 1929 las ganó el Partido Nacional Revolucionario pasando por encima del vasconcelismo; Morrow, que fue electo senador tras dejar la embajada en México, murió en 1931, por lo que desapareció la garantía norteamericana; finalmente, los radicales volvieron al poder durante el frágil gobierno de Pascual Ortiz Rubio.

Así, tras los festejos guadalupanos, los anticlericales reaccionaron. En Veracruz, el segundo gobierno de Adalberto Tejeda continuó las persecuciones, una bomba estalló en la catedral de Xalapa, se impuso, como en el Distrito Federal, la reducción del número de sacerdotes; a nivel nacional, se promulgó la Ley de Nacionalización de los bienes eclesiásticos, que sacó del culto gran número de templos; el arzobispo Orozco y Jiménez fue expulsado de nueva cuenta del país; y se impuso el registro de las escuelas y el cumplimiento estricto del laicismo. La "batalla por las conciencias", que apoyaban Calles y Narciso Bassols, tuvo continuidad durante toda la década, y culminó con el establecimiento de la educaciónsocialista, ya en tiempos de la presidencia del general Lázaro Cárdenas.

Ante la gravedad del asunto, en septiembre de 1932 apareció una enérgica protesta de la Santa Sede, la encíclica Acerba animi, de Pío XI, que motivó la expulsión del Delegado Apostólico, Leopoldo Ruiz y Flores, además de una nueva oleada de represión anticlerical en los Estados, que muchas terminaron en enfrentamientos y motines.

La situación llegó a su máximo entre 1934 y 1935, cuando rebrotaron los levantamientos armados, toda vez que el gobierno cardenista comenzó promoviendo directamente la persecución del clero y el cierre de sus establecimientos. Mas las circunstancias se fueron mostrando propicias de ahí en adelante. Cárdenas requirió de apoyo, en su lucha contra Calles primero, y para afrontar la expropiación petrolera en 1938. Aunque para 1936 todavía era expulsado de su domicilio el arzobispo Vera y Zuria, y en Chihuahua se limitó a uno el número de sacerdotes, la cuestión religiosa fue perdiendo importancia en el panorama político. Como sucedió durante las negociaciones de los años 20’s, hubo primero declaraciones para distender la situación, tanto por parte de Cárdenas, como de Ruiz y Flores.

El relevo generacional acabó de completar el marco para el modus vivendi. En 1936, José Garibi Rivera sucedió en la mitra de Guadalajara a Orozco y Jiménez, y al año siguiente, Luis María Martínez, michoacano, ocupó la Sede primada en lugar de Pascual Díaz y Barreto. Fueron ellos quienes dieron el último paso cuando hicieron un llamado a los católicos para contribuir con el Estado en el pago de la deuda con las compañías petroleras.

El modus vivendi quedaba establecido prácticamente sobre las mismas bases que en 1929. El Estado no cedía nada en absoluto en materia legislativa, pero tampoco aplicaría la ley. La Iglesia controlaría a sus fieles en la Acción Católica, pero no les permitiría hacer política, ni siquiera la acción social de las décadas anteriores.

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